viernes, 18 de diciembre de 2015

Ni orden, ni progreso: internet como indicador del desastre brasileño

Brazil WhatsApp banUna juez brasileña decreta el bloqueo total durante 48 horas de los servicios de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más abrumadoramente popular del país, en respuesta a una petición de información sobre un usuario no atendida por la compañía. El 93% de los usuarios de internet en Brasil utilizan WhatsApp para comunicarse habitualmente, lo que ha llevado a una situación en la que todos los operadores telefónicos del país, considerado el más caro del mundo en cuanto a tarifas de telefonía, califiquen a WhatsApp como un “servicio de telefonía ilegal” que según ellos, no tiene que hacer frente a los requisitos que ellos si están obligados a afrontar. La situación recuerda tanto a discusiones de principios de siglo, cuando las operadoras protestaban contra Skype y la calificaban de “operadora pirata” (textualmente la frase utilizada por el presidente de Telefonica Brasil) , que asusta pensar que aún haya países en los que estemos así.
El cierre, sin embargo, no parece tener que ver con esta circunstancia, sino con la negativa de la compañía a facilitar información de un usuario en un caso criminal, en el contexto de una situación de toma de control progresiva del gobierno sobre la información en la red. Un congreso caracterizado, además de por los flagrantes escándalos de una corrupción ya plenamente institucionalizada y que podrían conducir pronto al impeachment de la presidenta del país, Dilma Rousseff, por una resistencia feroz al llamado Marco Civil, un paquete de medidas aprobado el pasado 2014 que consagra, entre otras cosas, el derecho a una red neutral, la limitación de responsabilidad para los prestadores de servicios, la libertad de expresión y las garantías de privacidad de los usuarios de internet.
La oposición de entonces al Marco Civil, formada fundamentalmente por el lobby de las operadoras y por políticos obsesionados con el control de la red, ha ido escalando en sus demandas para poner coto a lo que consideran “libertinaje”, y liderados por Eduardo Cunha, entonces lobbista de las operadoras, actual presidente de la Cámara y también procesado por corrupción, pretenden poner en marcha leyes que obliguen a los ciudadanos brasileños a identificarse en la web con el equivalente de su NIF (el CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas), su dirección y su número de teléfono, datos que los servicios web tendrían que almacenar durante tres años y que tendrían que entregar al gobierno sin necesidad de orden judicial. Semejante ley demencial, conocida en Brasil como O Espião” (el “espión”, o el “gran espía”), es un reflejo de una cámara en la que predominan diputados implicados en escándalos de todo tipo en los que existe un sentimiento generalizado de que la red es utilizada únicamente para hablar mal de ellos – pero que en lugar de plantearse por qué razones se habla mal de ellos, prefieren optar por silenciar la red y a los ciudadanos.
Una ley así trata fundamentalmente de evitar el uso de internet para la expresión libre de los ciudadanos en un entorno político sometido a un clima claramente malsano. La población, y especialmente los jóvenes brasileños, conforman una de las sociedades más activas y relevantes del mundo en las redes sociales, que además ya ha dado muestras de su capacidad de organización cuando, en vísperas de los últimos mundiales de fútbol, se convirtieron en una voz crítica contra su celebración reclamando otras prioridades de inversión para el país. 
Corrupción, hiperlegislación con propósito de control, prohibiciones absurdas (Telegram reporta un incremento de más de un millón de usuarios en un día tras la prohibición sufrida por WhatsApp) y un país al borde del colapso político son los elementos de una ensalada brasileña en la que lo que falta son precisamente los dos ingredientes que hay en su bandera, ordem e progresso. En estas circunstancias, internet se convierte en un perfecto indicador o herramienta de diagnóstico de cómo de mala puede llegar a ser la situación política y la calidad democrática en un país que, hasta hace no demasiado, se consideraba un bastión dentro de las llamadas economías emergentes. Un auténtico desastre. E.DANS
 

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