El
37% de las empresas turísticas dedicaron más de 6.000 euros a cumplir
con los trámites administrativos, según la “Encuesta sobre Cargas
Administrativas en el Sector Turístico”, que han elaborado las Cámaras de Comercio,
en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. Además, sólo un 8,8% de las empresas turísticas observa una
reducción real en los trámites administrativos que debe cumplir.
Del
citado porcentaje de empresas que gastan más de 6.000 euros en
trámites, un 6,6% señala que destina entre 15.000 y 30.000 euros y para
un 4% la cifra anual es incluso superior a 30.000 euros.
En ese coste económico se contempla el pago de tasas, inspecciones, impresos, desplazamientos, así como los gastos de gestoría o personal dedicado a estas tareas, no los impuestos.
En ese coste económico se contempla el pago de tasas, inspecciones, impresos, desplazamientos, así como los gastos de gestoría o personal dedicado a estas tareas, no los impuestos.
Según la encuesta de las Cámaras centrada en el sector turístico, los trámites administrativos más costosos,
tanto en términos de tiempo como monetarios, son los relativos a la
llevanza y legalización de libros contables (44,9%), la presentación de
solicitud y documentación para obtener autorizaciones (40,6%) y la
inscripción en el Registro de Actividades y Establecimientos Turísticos
(35,3%).
Sin cambios
"Otro
de los datos destacables de la encuesta es que, a pesar de que durante
los últimos años se han llevado a cabo notables esfuerzos para reducir
las cargas burocráticas soportadas, las compañías del sector turístico
no lo perciben así", según informa Cámaras.
Así, sólo un 8,8% ha observado en los dos últimos años una reducción real en los trámites administrativos que debe cumplir.
No
obstante, "destaca la mejora asociada a los procedimientos fiscales
(56,1% de las compañías) y laborales (34,1%), mientras que en los
trámites medioambientales o los relativos a la contratación pública
apenas se han percibido avances (9,8%)".
Duplicidades
Sobre las duplicidades entre Administraciones públicas, las empresas identifican a la autonómica como
aquella que incurre en mayores duplicidades, especialmente en el campo
de la inscripción de registros (35%) y en la presentación de solicitud y
documentación para obtener autorizaciones (31,8%).
La Administración General del Estado es la que registra una menor incidencia en este terreno, mientras que la local ocupa una posición intermedia.
La Administración General del Estado es la que registra una menor incidencia en este terreno, mientras que la local ocupa una posición intermedia.
Según expone Cámaras, "la trascendencia de las cargas burocráticas para la competitividad de las empresas es especialmente patente en momentos de dificultades económicas como los actuales".
Medidas de simplificación ya implantadas
Por
todo ello, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas han renovado el convenio de colaboración
"para identificar los trámites más costosos en cada una de las etapas
de la vida de una empresa y proponer propuestas de reducción y
simplificación, además de tareas de sensibilización y difusión de
información al tejido empresarial".
Esta cooperación se inició en 2007 y se ha plasmado en diversas propuestas de medidas concretas para reducir la burocracia, algunas de ellas implantadas como:
- Simplificación de la presentación de cuentas anuales por medios telemáticos.
- Eliminación de la obligación de presentar documentos en el trámite de visado de las autorizaciones de transporte por carretera de mercancía y de viajeros.
- Creación de una base de datos, en el ámbito del Registro de Entidades Solicitantes de Ayudas, sobre las empresas que solicitan una subvención ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con el objetivo de que la Administración no solicite la misma documentación en más de una ocasión.
- Puesta en marcha de un servicio donde las empresas puedan consultar dudas específicas del proceso de elaboración e implementación del Plan de igualdad. Y Manual para elaborar un Plan de Igualdad en un formato editable.
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