Un curioso caso de dimensionamiento tecnológico: las cámaras de la policía

Me ha resultado muy interesante desde el punto de vista de sistemas de información la lectura de un artículo en ComputerWorld sobre la adopción debody cams por parte de departamentos de policía en los Estados Unidos, que supone un buen ejemplo de los costes, condicionantes y limitaciones del dimensionamiento en nuestros días de los diversos componentes que forman parte de un desarrollo tecnológico.

Las body cams son dispositivos que los agentes de policía llevan en el pecho o en la cabeza, y que son activadas para grabar en vídeo todas sus actuaciones, con el fin de poder utilizarlas posteriormente como evidencia en caso de necesidad. Su uso comenzó en Dinamarca y el Reino Unido, pero recientemente se ha disparado de manera especialmente llamativa en los Estados Unidos, a raíz de la aparición de numerosos casos de brutalidad policial que han conllevado no solo protestas ciudadanas, sino también una litigiosidad cada vez mayor por parte de los implicados en este tipo de actuaciones.

Los dos principales fabricantes de este tipo de cámaras, Taser (los mismos que fabrican las conocidas pistolas de descargas eléctricas) y VieVu, han facilitado ya dispositivos al 41% de los más de dieciocho mil departamentos de policía de los Estados Unidos, con modelos de negocio en los que se incluyen tanto los dispositivos, como el espacio de almacenamiento en la nube destinado a almacenar los vídeos obtenidos. Su equivalente en el mundo del consumo serían posiblemente las cámaras de Narrative, destinadas a que podamos almacenar o revivir los momentos principales de nuestro día a día.

Las cámaras no graban de manera permanente, sino que son activadas por los agentes mediante dos toques en su único botón. La mayoría de los agentes generan entre 60 y 90 minutos de vídeo al día, dado que únicamente activan la cámara cuando estiman que la situación lo requiere. Los dispositivos graban en 480p y pueden almacenar hasta 8GB de contenido, que son volcados a la nube al terminar la jornada. En el caso de las unidades fabricadas por Taser, su precio oscila entre los $400 del modelo que se lleva en el pecho, y los $600 de la más pequeña que se lleva en la patilla de las gafas o en la gorra, que va unida a una unidad de batería y almacenamiento que se lleva en el cuerpo. El almacenamiento puede oscilar entre los $15 y los $39 mensuales en función de la cantidad de vídeo producido, con planes que pueden incluir el precio de la cámara o su posible reemplazo cada dos años y medio, lo que lleva a que el coste principal que los departamentos de policía – y por tanto, los contribuyentes – deben afrontar, más el del coste de los dispositivos (en el que las empresas suelen mantener unos márgenes de beneficio de en torno al 15%), sea el del almacenamiento (en el que esos márgenes alcanzan el 51%). Hablamos de un almacenamiento que, además de tener importantes requerimientos de seguridad derivados de su valor legal y de sus posibles implicaciones sobre la privacidad, puede prolongarse bastante en el tiempo: además de los requisitos que la ley puede marcar de manera general sobre su custodia, existen casos, como los que implican muerte de personas, que pueden exigir que sean almacenados indefinidamente.

El coste, por tanto, termina siendo sensiblemente elevado, con un componente de almacenamiento en la nube que consume una parte muy sensible del presupuesto: en el caso del departamento de policía que el artículo utiliza como ejemplo, tenemos un total de $180.000 por el hardware y de $889.000 por un contrato que incluye cinco años de almacenamiento de vídeos en la nube. Los beneficios, sin embargo, compensan sensiblemente estos costes, en términos que van mucho más allá de lo estrictamente económico: a raíz de la implantación de las body cams, se calcula que los incidentes con uso de fuerza por parte de los agentes disminuyeron en un 59%, y las protestas de los ciudadanos se redujeron en un 87,5%. Además de la influencia en la seguridad de agentes y ciudadanos, imposible de cuantificar económicamente como tal, hablamos de unos costes que se pueden considerar amortizados con que simplemente se eviten algunas demandas derivadas de la actuación policial.

Un interesante caso práctico de dimensionamiento, con números y consecuencias, en un tema que, además, es muy posible que vayamos a ver extenderse pronto a otros países. E.Dans