Fuentes de esa dependencia han señalado a Europa Press que aunque la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) es estatal, la Dirección General de Transportes tiene las competencias de inspección y sanción. En tal sentido, lo que ha hecho el Gobierno regional es mandar un requerimiento a los representantes legales de Uber en España para pedirles que no inicien su actividad hasta que no acredite que cumple con la legalidad vigente, dándoles un plazo de 10 días para que aporte la documentación necesaria para comprobar que está habilitada para operar como intermediarios en el transporte de viajeros.
Las organizaciones que agrupan a los taxistas de ambas ciudades denuncian que Uber vulnera "toda la normativa establecida en materia de transporte, fiscalidad, empleo y seguridad". Destacan que están dispuestos a competir, pero "en igualdad de condiciones", además de denunciar "intrusismo" en la aparición en internet de plataformas y aplicaciones para teléfonos móviles para el transporte entre particulares.
Los taxistas españoles señalan que esos servicios “no cuentan con vehículos con autorización administrativa alguna para realizar transporte de pasajeros, por lo que su actividad es totalmente ilegal y fomenta el transporte ‘pirata’, sin garantía alguna para los usuarios”. Aseguran que se están poniendo en riesgo 100.000 puestos de trabajo (ver: Los taxistas abren otro frente al P2P: piden la prohibición de Uber, Comunidades sobre ruedas: el p2p avanza en transportes a toda velocidad y Turismo p2p: ¿negocios sin control o nuevos intermediarios?.
Sanz ha criticado asimismo que los diferentes responsables políticos "no hayan querido o sabido atajar la implantación de esta aplicación en España, ya que desde las movilizaciones del pasado mes de junio se creó una comisión interministerial que, a día de hoy, no ha emitido un dictamen. No entendemos el por qué de esta permisividad y silencio por parte de la Administración", ha puntualizado.
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