La frase, original de John Godfrey Saxe, suele ser con frecuencia atribuida a Otto von Bismarck: “las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”. Es la segunda vez que uso esta frase para referirme a la política española, la anterior fue al hilo de la ley Sinde… sin duda, las salchichas – o sus parientes, los chorizos – han pasado a ser una evocación perfecta de la política española actual.
La vergonzosa aprobación de la reforma de la ley de propiedad intelectual ayer en una comisión parlamentaria es un episodio más de esos que hacen que los ciudadanos de un país se den perfecta cuenta del desastre de sistema que pretende gobernarlos. No hay más que leer la crónica de periodistas que estuvieron allí para hacerse una idea del desastre que supone el proceso de aprobación exprés en comisión parlamentario y temporada estival de una ley que “había que pasar sí o sí”, con una comisión cuyos miembros no tenían ni la menor idea de lo que estaban votando y carecían de la más elemental formación o interés en ella.
¿De qué estamos hablando? De una vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que como ya es costumbre en la política española decide introducir a última hora un artículo en una ley, en virtud de un “acuerdo no escrito” al que ha llegado con los editores de los medios impresos más importantes del país, los integrantes de una asociación, AEDE, cuya web no es casual que recuerde aquellas apolilladas páginas de Geocities de finales de los años ’90 plagadas de GIFs animados, en perfecto reflejo de su mentalidad con respecto a internet.
A partir de la introducción de dicho artículo, el mundo se vuelve de color de rosa: aquellos medios que mantenían una actitud de denuncia ante los escándalos de evidente corrupción del gobierno actual cesan en sus esfuerzos periodísticos y, hasta en tres casos, cambian abruptamente de director. En poco más de un mes, Marius Carol sustituye a José Antich en La Vanguardia, Pedro J. Ramírez es defenestrado de forma sumaria y se nombra a Casimiro García-Abadillo en El Mundo, y Antonio Caño sustituye a Javier Moreno en El País.
¿La moneda de cambio? Las pretensiones de AEDE de cobrar una tasa a Google, que por virtud de la ingeniería legal se convierten en un absurdo capaz de condenar a todo aquel que enlace a las noticias de un medio a pagar un canon. Los expertos del gobierno toman el modelo de la ley alemana que fracasó al intentar hacer pagar a Google, y la ajustan para evitar que existan escapatorias: hacen aparecer un “derecho irrenunciable” donde antes no lo había, matando de facto el derecho de cita y obviando que muchos, de forma completamente voluntaria y expresa, renunciamos específicamente a ese derecho con nuestras licencias Creative Commons, y generando un auténtico Frankenstein legal que, lejos de perjudicar a Google, que presumiblemente se limitará a cerrar Google News, se convierte en una condena para todo aquel que desarrolle una actividad de cualquier tipo en la web en España. Empresas que tienen que emigrar para poder mantenerse viables, incertidumbres de todo tipo generadas en torno al canon, y por supuesto, sensación evidente de chalaneo, de negociación turbia, de procedimientos prácticamente mafiosos para pagar favores al lobby de turno.
Al final, esperar al verano para justificar una escasa atención al tema, paso rápido por una comisión parlamentaria que no tiene ni la más remota idea de lo que está votando, y ya está, ley lista para pasar por el Senado, una cámara completamente inútil que cada día tiene más complicado justificar su existencia. Para España, más de lo mismo: una democracia que no lo es, una caricatura llamada partitocracia que hace y deshace a su antojo, que otorga prebendas a quien quiere, y que compra sin el más mínimo sonrojo los favores de la prensa para tapar sus escándalos. Lo que en cualquier país sería un escándalo, en España, tristemente, es “lo normal”.
Pronto en sus pantallas, un hermoso canon para compensar a los medios de AEDE por sus pérdidas en internet, aunque los agregadores y los medios sociales que los enlazaban no fuese responsables de dichas pérdidas sino de justamente lo contrario, de llevarles tráfico, y en realidad, los únicos culpables de sus pérdidas sean ellos mismos y su torcido sentido de la lógica. Un nuevo absurdo de un gobierno cuya gestión ha conllevado sin duda la mayor pérdida de calidad democrática de la reciente historia de España. Recuérdalo cuando te vuelvas a acercar a una urna. E.Dans
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