Crowdsourcing y ciudadanos organizados

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La tecnología puede ser un enorme reductor de fricción en los procesos organizativos. La creencia general es que reunir los recursos necesarios para desarrollar una tarea compleja exige una infraestructura de coordinación determinada, infraestructura que suele encuadrarse en algún tipo de empresa o institución.
Habitualmente, la posibilidad de reunir y hacer confluir la voluntad de muchas personas en torno a un proceso de decisiones eficiente era algo imposible, con tendencia hacia lo asambleario y hacia sistemas de tipo “reunión de comunidad de vecinos” muy difíciles de gestionar. Los procesos en red, sin embargo, parecen estar cambiando la naturaleza de esos movimientos, y dotándolos de unas posibilidades mucho más ambiciosas.
Los ejemplos empiezan a sucederse: tras la ya conocida wiki-Constitución de Islandia que hoy muchos dan por muerta, estamos empezando a ver otras iniciativas similares aplicadas a diferentes ámbitos. En Finlandia, más de cincuenta mil ciudadanos se han puesto de acuerdo para presentar una reforma de la ley de propiedad intelectual que consideran más justa: frente a propuestas cada vez más duras que siempre han venido dictadas directamente por lobbies internacionales con fuertes intereses corporativos, la propuesta ciudadana busca la reducción de penas por infracción de copyright, el incremento del llamado fair use, la prohibición de las cláusulas injustas en los contratos de grabación, y la posibilidad de que los ciudadanos puedan hacer copias de los artículos que posean. La reacción está provocada en parte por la indignación que genera un sistema prácticamente policial en el que abundan los registros domiciliarios y la monitorización de las actividades de los usuarios en la red, un sistema que el año pasado levantó ampollas con la noticia de la incautación de un portátil de Winnie the Pooh a una niña de nueve años. La propuesta será sometida al voto del parlamento a principios del próximo año, y parece estar siendo bastante bien recibida.
En la ciudad de Berlín, dos plataformas ciudadanas se ha organizado y han decidido participar en la adjudicación del contrato de suministro energético de la ciudad. En los años ’90, muchas ciudades alemanas tomaron la decisión de privatizar sus redes de energía, y no todas salieron bien: aunque el país es un líder mundial en el uso de energías renovables con una media nacional del 25% y cifras que llegan al 100% en algunas zonas, el caso de Berlín es el de una corporación inmovilista, Vattenfall, que no está planteando esfuerzo alguno para incrementar el escaso 1.5% de la energía que no proviene del carbón que la misma empresa produce en minas alemanas. Una de las propuestas ciudadanas pretende llevar a cabo una gestión público-privada que reinvierta los beneficios en el desarrollo de un tendido más eficiente y flexible, e incrementar drásticamente el porcentaje de energía que provenga de fuentes renovables, en línea con los progresos de otras regiones del país. La segunda propuesta, con fines similares, se inscribe dentro de un fuerte movimiento cooperativo y de remunicipalización energética que está teniendo lugar en Alemania, ha conseguido ya más de un cuarto de millón de firmas, y ha forzado un referéndum sobre el tema que tendrá lugar en noviembre de 2013.
Básicamente, ciudadanos que se organizan en la red, promueven iniciativas y desarrollan procesos de toma de decisiones sobre la explotación energética con un fuerte componente de transparencia y fines muy claramente orientados al bien común. El crowdsourcing, aplicado a la gestión de los recursos públicos. No lo dudemos: en la progresiva adaptación de la democracia representativa al entorno tecnológico actual vamos a ver necesariamente bastantes procesos e iniciativas de este tipo.
E.Dans