Google comunica el cierre de su servicio Google News en España, en lo que supone el más absoluto de los ridículos internacionales: no hay más que leer las noticias en medios internacionales como TechCrunch, The Guardian o SearchEngineLand para ver a qué nivel queda un país que obliga a un servicio tan relacionado con la salud democrática y la libertad de información como Google News a cerrar sus puertas.
Habíamos avisado en varias ocasiones de que esto iba a ocurrir: el pasado 17 de septiembre, varias personas mantuvimos una reunión con Richard Gingras, Senior Director of News and Social Products de Google, en un restaurante madrileño, en la que se mencionó de manera insistente que la única posibilidad que la compañía tenía en un entorno que pretendía hacer pagar a aquellos que enlazaban a una noticia era cerrar su servicio de noticias, con todo lo que ello conllevaba de evidencia de la brutal caída de la calidad democrática española. Google no podía, en ningún caso, plantearse pagar por enlazar, porque ello supone la desnaturalización absoluta de la red: el enlace es un componente fundamental de la arquitectura de internet, y supeditarlo a un pago es una idea ta profundamente estúpida e irresponsable que únicamente podía ocurrírsele a genios como la Asociación de Editores de España (AEDE), que agrupa a todos los grandes dinosaurios de la prensa papel, o a una vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que intentó convertir las demenciales peticiones de los periódicos en una oportunidad para poner sus líneas editoriales bajo un rígido control gubernamental.
Google News está presente en más de setenta países del mundo y en treinta y cinco idiomas. Pero a partir del día 15 de diciembre, quince días antes de que entre en vigor la nueva ley de propiedad intelectual aprobada por el gobierno del Partido Popular, la edición española de Google News desaparecerá, dejando en su lugar una vergonzante página de información que explica la decisión de la compañía, y los medios españoles dejarán de estar presentes en ninguna edición de Google News de otros países, lo que obligará a buscar información en medios extranjeros y supondrá una fuerte caída de la actividad en las ediciones electrónicas no solo de los periódicos de AEDE, sino también del resto de los medios del país, convertidos en víctimas colaterales de una ley patentemente absurda. Si las leyes se evalúan en función de sus efectos, esta es un ejemplo claro de antología del disparate: no solo produce un clarísimo perjuicio a aquellos a los que supuestamente pretendía proteger, sino que además, perjudica claramente la imagen de España a nivel internacional. Un país que, tras protagonizar episodios como el que terminó dando lugar al terriblemente erróneo “derecho al olvido”, persigue internet hasta el punto de pretender algo tan demencial como que se pague por enlazar.
La crónica de cómo hemos podido llegar hasta aquí se escribe relativamente rápido:
- La AEDE reclama al gobierno el establecimiento de un canon en función de los enlaces a sus noticias que les permita paliar las crecientes pérdidas que sufren como resultado de su patente inadaptación a internet.
- Un gobierno obsesionado con su imagen en los periódicos negocia directamente con los medios de AEDE, que ya de por sí eran los que se repartían el jugoso pastel de la publicidad institucional, hacer pagar a Google a cambio de que sus periódicos dulcifiquen su línea editorial.
- Los medios de AEDE acceden, y en muy poco tiempo, los tres directores más conflictivos de tres de los medios más representativos de AEDE, La Vanguardia, El Mundo y El País, son relevados y sustituidos por perfiles más “dóciles”. Una cascada de cambios que, en cualquier país civilizado, haría sonrojarse a cualquier gobierno y se consideraría una absoluta evidencia de corrupción y de censura gubernamental de los medios de comunicación.
- AEDE y el gobierno se ponen a trabajar tomando como modelo la ley alemana, pero intentando tapar el “agujero” que permitió que en ese país, Google terminase no pagando a los medios. En Alemania, Google simplemente convirtió Google News en un servicio voluntario en el que, para estar incluidos, los medios debían renunciar a toda compensación, lo que le permitió eludir ese pago. Como forma burda de intentar evitar esa jugada (y como prueba clara de que cuando se entrega a un mono una ametralladora, hay peligro de que muchos terminen heridos), en España se decidió que la ley convertiría el pago por enlazar en “obligatorio e irrenunciable”.
- A pesar de la oposición de todos los medios no adscritos a AEDE y de las evidentes advertencias de todos los analistas y de la comunidad internet, la medida es introducida en el borrador de la ley de propiedad intelectual. La versión del borrador enviado a Europa, sin embargo no incluye ese polémico artículo.
- La ley es aprobada por la vía rápida, en un procedimiento en el que se trata de evitar toda discusión parlamentaria sobre la misma. La entrada en vigor está prevista para principios del año 2015, a pesar de que aún no se tienen ningún tipo de detalles sobre cómo se llevará a cabo el pago, quién pagará o cobrará y en función de qué criterios, etc.
Enhorabuena, gobierno de España. Siguiendo las directrices de AEDE, una de las asociaciones más caducas y cavernícolas del mundo, habéis conseguido evidenciar que España es una corruptocracia en la que cualquier grupo de presión puede escribir leyes a su antojo (aunque sean abierta y claramente tan demenciales como ésta), en la que los periódicos condicionan su línea editorial a la financiación gubernamental, y en la que el gobierno no tiene la más maldita idea de cómo funciona internet. Lo anunciado hoy era algo completamente previsible, advertido hasta la saciedad, y de una gravedad muchísimo mayor de lo que inicialmente podría parecer. Es, sencillamente, la evidencia de un desastre. E.Dans
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