La pregunta no es retórica, sino necesaria: desde finales del año pasado, España cuenta en su Boletín Oficial del Estado con una ley de propiedad intelectual aprobada únicamente con los votos del Partido Popular, que afirma, entre otras muchas barbaridades, que el uso de enlaces y fragmentos de contenidos de medios de comunicación conllevará el pago de una tasa a los editores de estos medios, lo que convierte a España en el único país del mundo en el que el acto de enlazar a una página web puede conllevar un pago, y en protagonista de un auténtico ridículo internacional como único lugar del mundo en el que un servicio como Google News ha tenido que cerrar.
Sobre el canon en sí, poco se puede decir. La reforma llevada a cabo era, en realidad, un ejercicio de “legislación de laboratorio”, diseñada para favorecer a una serie de lobbies a cambio de un trato informativo más propicio al gobierno, y como tal, ha salido mal. Tan mal, que el fin de la ley era hacer que Google pagase fuese como fuese, y sencillamente, “ese pájaro ha volado”. Google, en el mismo momento en que se aprobó la ley, tomó la decisión de cerrar el producto por el cual pretendían hacerle pagar. La posición de Google es clara: por los enlaces no se paga, y si pretenden que pague, cojo la puerta y me voy. No es una cuestión de negocio o de pensar en un hipotético escenario en el que otros países se pusiesen a la cola reclamando un trato similar: es, según la compañía, una cuestión de principios, de defensa de la naturaleza de la red.
Gracias a las preguntas formuladas en el Parlamento Europeo por cuatro eurodiputados catalanes representando a grupos diferentes, @fjavilopez, @ernestmaragall, @ernesturtasun y @jmterricabras, , sabemos que la reforma de la ley de propiedad intelectual no cumplió adecuadamente con el trámite de informar a la Comisión Europea, dado que ocultó claramente ese artículo enviando para su estudio un borrador incompleto. En virtud de la respuesta de la Comisión Europea a esas preguntas, sabemos que la recomendación es, en caso de serle exigido algún pago por ese concepto a alguna empresa o particular, remitirse a los tribunales nacionales y negarse a aplicar ese reglamento técnico. Si unimos a este hecho el efecto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso BestWater, que afirma que “cuando el trabajo ya está disponible gratuitamente para todos los usuarios en otro sitio web con el permiso de los titulares de derechos de autor, este acto no puede ser calificado como comunicación al público”, parece claro que el canon AEDE ha nacido muerto, y tiene muy pocas posibilidades de ser reglamentado y llegar a ver la luz.
Sin embargo, su efecto sí puede ser disuasorio: que el BOE afirme que enlazar conlleva un pago y que este puede ser exigido, además, con carácter retroactivo es un atentado a todo tipo de lógica, y potencialmente muy peligroso. Y la solución a algo así no puede ser, como solicita Google, “algún tipo de licencia gratuita para que el agregador pueda enlazar contenidos periodísticos“, porque eso supondría consolidar una “excepción” en la que Google no paga, pero otros podrían, en virtud de una hipotética aplicación de tan esperpéntica ley, tener que hacerlo. No, la solución ante un despropósito jurídico como este no es poner tiritas, sino directamente extirpar. Reconocer que la introducción del canon AEDE en la reforma de la ley de propiedad intelectual fue incorrecta, y eliminarlo sin paliativos. Mientras ese engendro legislativo siga ahí, España será un entorno de inseguridad jurídica en el que cualquiera que mantenga o emprenda un negocio basado en la información puede encontrarse de repente con sorpresas inesperadas. Un entorno en el que el lobby de los periódicos de papel puede en cualquier momento en el que se sienta amenazado – aunque esté cada vez más claro que la mayor amenaza a la que tiene que hacer frente viene de sí mismo y de sus propios directivos – puede reclamar algún tipo de supuestas “compensaciones”.
¿Cabe pensar en un escenario en el que el gobierno español eche marcha atrás y derogue una ley recién aprobada, o elimine uno de sus artículos más polémicos? Considerando la escasa operatividad del legislativo, claramente no. Sería sin duda la solución lógica, pero equivaldría a aceptar que se cometió un error, y sencillamente, no va a pasar. El canon AEDE se quedará ahí hasta que cambie el signo del gobierno, posiblemente más aún si el gobierno entrante no tiene una marcada sensibilidad con el tema, aunque posiblemente no llegue siquiera a ser reglamentado, porque intentar hacerlo operativo conllevaría un problema importante a cambio de beneficios potenciales más bien magros. El canon AEDE, como la ley Sinde, se quedarán durante bastante tiempo en el BOE como auténticos monumentos conmemorativos de la gestión de uno de los políticos más incompetentes y que ha tenido nuestro país y del esperpento que puede llegar a ser que algunos lobbies de dinosaurios tengan acceso directo a la redacción de las leyes en tramitación, a reclamar favores al legislativo, al “¿qué hay de lo mío?”. Cada vez que oigas hablar del canon AEDE, del mucho dinero que las universidades van a tener que entregar a entidades de gestión de derechos, o en general, de una ley de propiedad intelectual reformada completamente a contracorriente del signo de los tiempos, piensa en él, y en lo que nos habríamos ahorrado si se hubiera dedicado a (casi) cualquier otra cosa.
Un monumento al tipo de cosas que nunca deberían ocurrir en una democracia que de verdad se preciase de serlo. Una auténtica vergüenza.
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