España está saliendo de la crisis, despacio es verdad,
pero saliendo al fin y al cabo. Queda mucho por hacer, mucho por
conseguir una situación en que nuestra economía de una respuesta
adecuada a problemas tan grandes como el del desempleo mediante la
creación de nuevos puestos de trabajo y el afloramiento de otros
“sumergidos” (por cierto, sería bueno perseguir y penalizar seriamente o
los que ofrecen trabajo “B”).
Ese tiempo precioso que vamos a necesitar, puede acortarse con una
mayor dosis de positividad, con una mentalidad más constructiva por
nuestra parte. Parece mentira, pero es cierto que en la economía
influyen, y mucho, los sentimientos, los estado de ánimo. Así el
positivismo engendra crecimiento y la negatividad, lo contrario.
Desde Asia, donde resido, sigo con preocupación el pesimismo y la acritud que impera en España.
Ese estado de ánimo daña nuestra economía, frena la inversión. Una de
sus causas es, a buen seguro, la corrupción con la que parece nos
desayunamos casi a diario. La verdad es que no creo que eso debiera
soliviantarnos tanto. España es un Estado de Derecho, lo cual no
significa ni que tengamos derecho al bienestar, ni que las autonomías
sean buenos o malas. Significa que la ley se cumple y, sino es así, los
tribunales de justicia se encargan de que se cumpla y se condene a los
incumplidores. Así pues, los que hayan incurrido en corrupción deben ser
procesados y, en su caso condenados a diversas penas proporcionales a
sus delitos. Y punto.
Que se aplique la Ley debe alegrarnos y no enojarnos. Lo que debería
preocuparnos es que los tribunales de justicia no aplicaran la Ley
porque entonces no estaríamos en un Estado de Derecho. Sin enojarme y
dado que las elecciones se acercan y pronto estaremos en época de pedir
a los diversos candidatos, propongo que todos los partidos lleven en su
programa algo que sería de gran ayuda para la administración de
justicia; que el poder judicial sea independiente del poder ejecutivo y
del legislativo, que nunca más partidos políticos nombren a jueces y
tribunales y que todos los políticos, sin excepción sean como el resto
de ciudadanos y pierdan sus fueros jurisdiccionales
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